La agresión de los Estados Unidos contra Venezuela
ha entrado en una fase de agudización criminal que trasciende lo diplomático
para instalarse en el terreno del bloqueo naval de facto. Esta ofensiva,
liderada por Donald Trump, no es un hecho aislado, sino una manifestación del
imperialismo en su etapa de descomposición, donde el capital financiero busca
desesperadamente recapturar fuentes de materias primas. El despliegue de la
"Armada más grande jamás reunida" en las costas del Caribe busca
asfixiar la economía nacional, impidiendo el libre desenvolvimiento de las
actividades marítimas y la exportación de nuestro principal recurso: el
petróleo.
Este asedio se traduce como un intento de la
burguesía transnacional por restaurar la hegemonía del dólar y garantizar el
suministro energético a bajo costo. Trump ha declarado cínicamente que
Venezuela "le robó el petróleo" a los Estados Unidos, una afirmación
que invierte la realidad histórica del saqueo colonial. Según el mandatario
estadounidense, "nos quitaron todos nuestros derechos energéticos... lo
queremos de vuelta" (EFE, 2025). Esta retórica ignora que la propiedad del
subsuelo es un derecho inalienable del pueblo venezolano, conquistado mediante
procesos de liberación nacional.
La verdadera intención tras este bloqueo naval y
las amenazas de "ataques terrestres" es forzar la capitulación
política del Estado venezolano. El objetivo estratégico del imperialismo, presume,
es obligar a la República a derogar la Ley Orgánica de Hidrocarburos,
marco legal que garantiza el control estatal sobre la producción y
comercialización del crudo. Al eliminar este instrumento jurídico, las
corporaciones estadounidenses podrían volver al modelo de
"concesiones" de la IV República, donde el Estado recibía migajas mientras
la plusvalía petrolera financiaba la acumulación de capital en el Norte global.
El discurso del "robo" del petróleo es
una herramienta de propaganda para justificar la piratería internacional. Como
señala la teoría del imperialismo, la exportación de capitales y la lucha por
el control de los recursos naturales son rasgos intrínsecos del capitalismo
monopolista. Donald Trump, actuando como el gerente de los intereses de
ExxonMobil y Chevron, pretende normalizar la incautación de activos soberanos
bajo el pretexto de una supuesta lucha contra el narcotráfico. Es, en esencia,
una guerra de cuarta generación que utiliza el hambre y la carestía como armas
de sometimiento.
"La historia de los Estados Unidos (EEUU) ha
estado acompañada por la creencia de que es un pueblo destinado por Dios para
dominar a otros" (Ciudad CCS, 2025).
Frente a esta escalada, la postura debe ser de resistencia
emancipadora. La clase trabajadora venezolana, columna vertebral de la
industria petrolera, entiende que la defensa de PDVSA es la defensa de la
soberanía nacional. No se trata simplemente de una disputa entre gobiernos,
sino de una confrontación entre la autodeterminación de los pueblos y la
dictadura del capital. El bloqueo naval es la expresión más cruda de la
"Doctrina Monroe", que busca convertir a América Latina en el patio
trasero de Washington, libre de leyes que protejan el patrimonio colectivo de
los ciudadanos.
En conclusión, el asedio estadounidense es una
operación de rescate del capital que ve en las reservas de la Faja Petrolífera
del Orinoco un botín necesario para su supervivencia. La presión para modificar
la legislación petrolera busca revertir los avances en materia de soberanía
energética y reintegrar a Venezuela al circuito de dependencia extractivista.
Solo la conciencia de clase y la unidad de los pueblos oprimidos podrán frenar
esta embestida imperial que pretende, una vez más, escribir la historia con el
sudor y los recursos del Sur Global.
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